Declaración de la Sociedad Civil de Bangkok: De lo incluyente a un desarrollo justo

Viernes 6 de septiembre de 2013

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Fecha: 28 de agosto de 2013.

Tipo: Declaración Fuente: Campaña a favor de los Objetivos del Pueblo respecto de un Desarrollo Sostenible.

Palabras claves: Sociedad civil asiática, desarrollo justo, justicia para el desarrollo, etapa posterior a 2015.

Grupos de la sociedad civil de la región de Asia y el Pacífico, en representación de 90 organizaciones provenientes de 21 países en nombre de importantes y diversos grupos y personas interesadas se reunieron en Bangkok para formular una agenda de desarrollo justo y transformista encaminada al período después de 2015 y más allá. En la actualidad nuestro mundo se encuentra en una encrucijada.

Al encarar múltiples e interconectadas crisis relacionadas con el medioambiente, las finanzas, los alimentos, la energía, la democracia y sobre todo una crisis de profundas desigualdades, nos enfrentamos a la vez con un desafío y una oportunidad. Las políticas diseñadas por el estado durante los últimos tres decenios basadas en un modelo económico neoliberal han resultado en que una minoría de los más ricos del mundo y las más poderosas corporaciones haya de las crisis que enfrentamos en la actualidad hayan acumulado grandes sumas. En la actualidad nuestro mundo es una plutocracia.

Este modelo de acumulación de riquezas es el responsable directo de las crisis que ahora encaramos. Los gobiernos han abdicado sus responsabilidades de proteger los derechos de sus pueblos para con el desarrollo. Las políticas estatales han contribuido a un incremento en el consumo, la especulación financiera, la concentración corporativa, una desregulada explotación de los recursos del mundo, una creciente militarización, la privatización de los servicios humanos esenciales, la represión política incluidas las restricciones sobre el derecho a la libertad de reunión, violaciones de los derechos humanos, recursos y de la infraestructura, una represión laboral y sobre los salarios, y la desregulación de las economías y han hecho al mundo insostenible, inseguro y groseramente desigual.

Los patrones migratorios in la región reflejan la desigualdad de los actuales sistemas económicos, así como los efectos de una inestabilidad política y del cambio climático. La carga de esta forma de elaborar políticas y las crisis que la misma ha generado pesa sobre los hombres de aquellos que son los menos responsables y los más vulnerables; las mujeres y los hombres pobres en la región de Asia y el Pacífico. Nuestros gobiernos tienen la oportunidad de trazar un Nuevo derrotero, uno que desea la mayoría de los pueblos en la región, un derrotero de equidad global, de sostenibilidad ecológica, de justicia social, del disfrute de los derechos humanos y la dignidad para todos. Nosotros, que somos sus electores, les encomendamos la tarea, en asociación con la sociedad civil, de desarrollar un marco transformista y redistributivo que se proponga reducir las desigualdades de riqueza, poder y recursos entre los países, entre los ricos y los pobres y entre los hombres y las mujeres. Les pedimos que se comprometan con un modelo de Desarrollo con Justicia.

El modelo de Desarrollo con Justicia deberá estar enmarcado por cinco cambios fundacionales:

1. Justicia redistributiva.

2. Justicia económica.

3. Justicia social.

4. Justicia medioambiental.

5. Responsabilidad ante los pueblos.

La Justicia redistributiva pretende alcanzar una redistribución de los recursos, la riqueza, el poder y las oportunidades para todos los seres humanos de forma equitativa. Nos compete desmantelar los actuales sistemas que canalizan los recursos y la riqueza de los países en desarrollo hacia los países ricos, del pueblo hacia las corporaciones y la esfera militar. Reconoce al pueblo como el soberano de nuestras propiedades comunes locales y globales. La justicia económica se propone desarrollar economías que permitan llevar una vida digna, ajustarse a las necesidades y facilitar las capacidades, el empleo y la subsistencia disponible para todos, y que no se base en la explotación de las personas o de los recursos naturales o en la destrucción medioambiental. Es un modelo que hace que las economías funcionen para todos, en vez de obligar a las personas a trabajar para las economías.

La justicia social se propone eliminar todas las formas de discriminación, marginalización, exclusión que predomina en nuestras comunidades. Reconoce la necesidad de eliminar los sistemas patriarcales y el fundamentalismo, impugna las actuales estructuras sociales, brinda justicia reproductiva y sexual y garantiza los derechos humanos de todas las personas, en particular las mujeres, viudas, dalits, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, niños, juventud, ancianos, personas con discapacidades, personas que viven con el VIH-SIDA y otras enfermedades, los trabajadores sexuales, los empleados domésticos en el sector informal, los sobrevivientes de las actividades de contrabando y los que se ven excluidos por razones de casta, clase, ingresos, orientación sexual, identidad de género, etnicidad o estatus social.

La justicia medioambiental reconoce la responsabilidad histórica de los países y las élites dentro de los países cuyos patrones de consumo, producción y extracción han llevado a cometer violaciones de los derechos humanos, al calentamiento global y a desastres medioambientales y los obliga a aliviar y resarcir a aquellos que tienen menos culpa pero que son los que más sufren: los campesinos, los pescadores, las mujeres y los grupos marginales del sur global. La responsabilidad ante los pueblos exige gobiernos democráticos y justos, transparencia y una gobernanza que permita a los pueblos tomar decisiones informadas respecto de sus propias vidas, comunidades y su futuro. Necesita empoderar a todas las personas, pero en particular a los más marginales, para que formen parte de un proceso de decisión libre, con información previa en todas las instancias de la toma de decisiones a niveles local, nacional, regional e internacional y en asegurar el derecho de los pueblos a determinar sus prioridades de desarrollo.

También requiere la garantía del derecho a la libertad de información. El nuevo marco de desarrollo deberá estar basado en el principio de la no regresión, abrazar un enfoque holístico, basado en los derechos y asegurar que los principios humanos de igualdad, equidad, no discriminación y participación y de toma de decisión incluyentes refuercen sus políticas y prácticas. Este tipo de enfoque asegura que los más marginales se puedan beneficiar del desarrollo y el crecimiento y se conviertan en actives agentes del cambio.

- Para lograr una justicia redistributiva y reducir las desigualdades económicas dentro de los países, los gobiernos deben:

• Desarrollar y poner en práctica leyes y políticas que aseguren que los pequeños agricultores, los pequeños Pescadores y los pueblos indígenas, en particular las mujeres, tengan acceso a, control sobre y propiedad sobre la tierra, la actividad de pesca, la propiedad, los recursos de producción, la información y una tecnología adecuada y medioambientalmente segura.

• Poner fin a políticas que promuevan el acaparamiento de tierras por parte de los gobiernos, corporaciones, las industrias militar y extractiva, y poner en vigor una reforma redistributiva de la tierra que ponga la propiedad sobre la tierra y el control sobre los recursos naturales nuevamente en las manos de las comunidades, las mujeres y otros grupos marginales, y fortalezca la productividad y el sustento agrícola.

• Brindar protección y subsidies financieros a las pequeñas comunidades agrícolas para asegurar que puedan participar con plena igualdad en los mercados agrícolas.

• Desarrollar objetivos específicos a nivel nacional y con limites en el tiempo así como indicadores para reducir las desigualdades de riqueza, poder y recursos, y promover una distribución justa de activos entre los países, entre los ricos y los pobres, entre las zonas rurales y urbanas, y entre los distintos grupos sociales, incluidos los hombres y las mujeres.

• Políticas de reformas arancelarias para eliminar los gravámenes indirectos, que tienen un desproporcional impacto sobre el pobre; poner en práctica impuestos progresivos sobre los ingresos para asegurar que los más ricos contribuyan con su justa parte; poner en práctica impuestos progresivos sobre las ganancias de capital e impuestos sobre transacciones financieras para incrementar los ingresos del gobierno y reducir la dañina especulación financiera; y aplicar impuestos sobre la herencia de riqueza y propiedad individual.

• Concederle prioridad al financiamiento público por encima de las asociaciones públicas-privadas para cumplir con las obligaciones estatales y fortalecer las instituciones públicas; fijar umbrales mínimos de imposición tributaria y recanalizar el gasto militar y para financiar el gasto social; fijar metas para la asignación de presupuestos específicos a fin de garantizar la máxima asignación de recursos para la protección y promoción de los derechos humanos, incluido el derecho a la riqueza, la educación, la alimentación y a un adecuado nivel de vida; e incrementar la responsabilidad respecto del uso que se hace de los ingresos sobre la renta.

- Para lograr la justicia económica:

• Poner en práctica leyes sobre los salaries que garanticen que todos los trabajadores, incluidas las mujeres, los del sector informal, los trabajadores agrícolas y los trabajadores migrantes, ganen lo suficiente para vivir con dignidad; asegurar que los salarios crezcan conjuntamente con la productividad; e incrementar la cooperación entre los países respecto de las tasas de cambio, las políticas comerciales y fiscales y los salarios para evitar una carrera hacia el fondo.

• Poner en práctica políticas que aseguren que todas las mujeres, hombres y jóvenes tengan acceso a un trabajo decente, incluido la aprobación de protecciones legales para brindar seguridad en el puesto de trabajo, una protección social para los trabajadores y sus familiares, el pago por la atención parental, para amamantar, y la licencia por enfermedad; promover la negociación colectiva, y la organización, y los derechos de los trabajadores a participar en el proceso de toma de decisiones que afecta sus vidas.

• Asegurar políticas de comercio, inversión y de derechos de propiedad intelectual que no dificulten las habilidades de los países, el espacio fiscal o de política para brindar oportunidades económicas y servicios al pueblo y que no socaven el derecho al desarrollo.

• Garantizar la protección social universal para todos, incluido la seguridad sobre el ingreso para los desempleados y para aquellos cuyo sustento depende de un trabajo precario, los enfermos, los minusválidos, las embarazadas, los niños y los ancianos.

• Garantizar el derecho universal a servicios de salud pública, educación, alimentos, agua, sanidad, energía y justicia de calidad, y poner en práctica políticas y programas que tengan un objetivo para asegurar que las mujeres, los más pobres y los más marginales, incluidos los migrantes, refugiados y los apátridas puedan acceder a y beneficiarse de estos servicios.

• Pasar hacia economías que sean propiedad, estén regidas y planificadas por los pueblos para satisfacer sus necesidades y garantizarle sus derechos humanos.

• Acabar con las políticas que promueven la explotación de los trabajadores migrantes y el uso de las remesas familiares para financiar las prioridades nacionales de desarrollo, y crear un entorno conducente para los trabajadores migrantes disfruten de sus derechos humanos; fortalecer la colaboración a través de las fronteras y multisectoriales entre los países de origen y de destino para promover los derechos de los migrantes, incluido el de la protección social; y garantizar el acceso a los servicios de salud, educación y otros sociales para los migrantes, sin importar su estatus migratorio.

- Para alcanzar una justicia social y de género y reducir las desigualdades sociales y de género, los gobiernos deben:

• Ocuparse de las desigualdades desde un enfoque intersectorial y reconocer como factores tales como la edad, la raza, la etnicidad, la casta, estatus de VIH, la discapacidad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la pobreza, el estatus migratorio, el estatus de refugiado, el área de trabajo y la ubicación geográfica puede crear estigma, discriminación, exclusión social y marginalización y llevar a la violencia y a otras violaciones de los derechos.

• Eliminar leyes y políticas que perpetúan la discriminación sobre la base del género, la orientación sexual o la identidad de género; criminaliza o marginaliza a grupos específicos; refuerza las desigualdades; y crea barreras a los servicios, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido un aborto seguro.

• Garantizar los derechos de la mujer a la herencia, a la tierra, y a la propiedad y poner en práctica políticas que incrementen el control sobre los recursos y las tecnologías de producción.

• Proteger y poner en práctica medidas legales de protección para los derechos sexuales y reproductivos; garantizar el acceso universal a una información, educación y servicios integrales de salud sexual y reproductiva y eliminar las barreras legales y de política para accesar a estos servicios; brindar una educación integral sobre sexualidad para todos los niños y adolescentes, tanto en la escuela como fuera de la misma y comenzar por el nivel elemental, que desafíe las normas tradicionales de género y la aceptación de la violencia contra la mujer y las niñas; promover la igualdad de género y los derechos humanos, y concederles las habilidades para tener control sobre todos los aspectos de su sexualidad.

• Garantizar el derecho al nivel más alto alcanzable de salud física y mental para todas las personas; poner en práctica políticas y programas que aseguren que los grupos más marginales y excluidos puedan ejercer sus derechos y superar las barreras a la atención; asegurar el acceso universal a servicios de salud gratuitos que estén disponibles, accesibles y de buena calidad y que se brindan mediante el sector público; y brindar acceso universal a las técnicas de diagnóstico y tratamiento para las enfermedades transmisibles y no transmisibles en particular el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C y la malaria.

• Combatir el creciente fundamentalismo; eliminar el uso de las justificaciones culturales y religiosas para las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas; acabar con el matrimonio forzoso, a edad temprana y de ninas y otras prácticas tradicionales y costumbristas dañinas que violan los derechos de las mujeres y las niñas; y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad, la autonomía, la integridad corporal, a decidir cuándo y con quién casarse, decidir el número y el momento en que tener sus hijos y el derecho a vivir libre de toda forma de violencia.

• Poner en práctica leyes y políticas que eviten y brinden una respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y que aseguren el acceso a servicios críticos inmediatos para todas las sobrevivientes de la violencia sexual y basada en el género incluido el pesquizaje y la remisión, la profilaxis después de cometido el acto para evitar la infección por VIH, medidas contraceptivas de emergencia, un aborto legal y seguro, servicios psico-sociológicos y ayuda legal.

• Garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y asegurar la calidad y condiciones decentes de trabajo para los que brindar los servicios de atención, a fin de contribuir a una redistribución más justa de la atención no pagada y del trabajo doméstico y hacer frente a la división sexual del trabajo.

• Limitar y reducir la producción de armas que incrementan la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos.

- Lograr una justicia medioambiental y realizar un cambio hacia un consumo y una producción sostenible :

• Reclamar y asegurar los derechos de los pueblos para definir, poseer, controlar y asegurar la sostenibilidad de los artículos comunes; promover una dirección responsable sobre los recursos naturales, tales como los bosques, los ríos, las fuentes hídricas y los entornos costeros; reconocer y promover los recursos de los pueblos indígenas y el conocimiento tradicional en el manejo sostenible de los recursos naturales.

• Promover la agricultura ecológica para garantizar la soberanía alimentaria y evitar la hambruna y sus consecuencias.

• Reorientar la producción, el consumo y los sistemas de distribución para satisfacer las necesidades de las personas en lugar de acumular ganancias.

• Asignar suficientes recursos a, y promover el conocimiento científico y tradicional para comprender, los costos y repercusiones sociales y medioambientales de las actividades humanas; lograr que esta información sea de dominio popular y poner en práctica medidas regulatorias sobre esta base.

• Comprometerse a brindar un clima de financiamiento nuevo, adecuado, predecible y apropiado con la contribución de los países a partir de recursos públicos sobre la base de una responsabilidad histórica por el cambio climático, incluido la adaptación y la mitigación.

• Promover la conservación energética y la eficiencia, eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles e invertir en la energía renovable que busque satisfacer las necesidades de los pueblos y no las ganancias corporativas.

• Promover tecnologías para una eco-eficiencia y trabajar por la eliminación de los desechos; crear la infraestructura y los mecanismos para reducir, reciclar y reutilizar los desechos; y rediseñar productos a fin de asegurar la durabilidad y el uso óptimo.

• Asegurar que la extracción de recursos, tales como el uso del agua, la pesca, la tala y la minería, estén en consonancia con las necesidades de las comunidades y sujetos a un manejo sustentable, a la vez que protejan los derechos de los pescadores, los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las mujeres.

• Desarrollar y hacer operativos marcos legales para proteger el sustento de las personas pobres y marginales y evitar los desastres medioambientales, en particular como resultado de la extracción de recursos.

• Preparar un nuevo protocolo de Naciones Unidas que reconozca las responsabilidades de los Estados para brindar apoyo a las poblaciones desplazadas por razones del clima.

• Desarrollar mecanismos internacionales para hacer frente a la pérdida y al daño causado por el cambio climático, brindando especial atención a sus impactos diferenciales en dependencia del género.

• Promover la creación de empleos verdes con el fin de crear industrias y negocios verdes, incrementando el respeto de los trabajadores hacia el medio ambiente y la protección contra la destrucción medioambiental.

• Desarrollar e institucionalizar mecanismos para supervisor y mitigar los impactos sociales y medioambientales de las iniciativas de desarrollo.

- Garantizar la responsabilidad de las personas y la participación de la sociedad civil:

• Crear mecanismos integrales e incluyentes para una significativa participación de los ciudadanos a la hora de determinar, poner en práctica y supervisor las metas y los indicadores de desarrollo a todos los niveles, eliminar las barreras para la participación, tales como los obstáculos lingüísticos y culturales; crear las condiciones para y garantizar la participación de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidades, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, movimientos de base y grupos marginales, entre otros; y crear la capacidad de tomar decisiones para facilitar una significativa participación cívica.

• Brindar un adecuado y estable apoyo financiero y la capacidad de desarrollo a las organizaciones de la sociedad civil para permitir una participación pública eficaz y sustancial en los diálogos políticos e en la puesta en práctica de acuerdos y legislaciones a todos los niveles.

• Reconocer y apoyar el legítimo papel de los actores de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y asegurar un entorno conducente para una eficacia en el desarrollo de la organización de la sociedad civil.

• Institucionalizar los mecanismos para una participación de la sociedad civil en los procesos de conformación de políticas y en foros de diálogo político a niveles local, nacional, transfronterizo, regional y global, a la vez que se respete su derecho a auto-organizarse; garantizar un adecuado y estable apoyo financiero, institucional y político de parte de los gobiernos y del sistema de Naciones Unidas para asegurar la eficacia operacional, la sostenibilidad y la propiedad nacional.

• Garantizar e institucionalizar el derecho a la libertad de información.

• Asegurar una plena transparencia y un proceso de supervisión incluyente para la aplicación de la Agenda de Desarrollo para la Etapa después de 2015 que permita que la información fluya libremente para todas las partes interesadas a todos los niveles operacionales (local, nacional, regional y global); incluido indicadores del proceso para mejorar las evaluaciones cualitativas; y garantizar la consideración de informes provenientes de los beneficiarios, sobre como los programas de desarrollo inciden en sus vidas.

• Desarrollar mecanismos para supervisor y regular la creciente influencia del sector corporativo en el desarrollo, incluido len las asociaciones públicas-privadas; incrementar las responsabilidad de las corporaciones y del sector privado, incluido mecanismos mediante los que se obligaría a las corporaciones a respetar los derechos humanos y otras leyes internacionales ( y no solo sobre una base voluntaria), incluidos en sus actividades transfronterizas; volver a crear el Centro de las Naciones Unidas para las Corporaciones Transnacionales a fin de asegurar que se pongan en práctica los compromisos vinculantes y que se llegue a un acuerdo entre los estados a cargo de regular estas corporaciones; y establecer comisiones u otros órganos independientes para ocuparse de la responsabilidad, que cuenten con mecanismos que permitan exigirle a las corporaciones por cualquier violación de los derechos humanos o contra el medio ambiente. Reducir las desigualdades económicas y la injusticia entre países y financiar la agenda para el periodo después de 2015.

• Identificar medios para la puesta en práctica que acompañe a cada meta; y desarrollar un compromiso integral y separado que garantice los medios de puesta en práctica de todo este marco de trabajo.

• Supervisar y poner en vigor compromisos de los gobiernos donantes para brindar un mínimo del 0.7 por ciento del PIB para la asistencia oficial para el desarrollo; eliminar las condiciones sobre esta AOD y detectar y supervisar el gasto en AOD para asegurar la trasparencia y la responsabilidad.

• Desarrollar medidas innovadoras de financiamiento para el desarrollo, incluido la abolición de los paraísos fiscales par alas corporaciones transnacionales; la cancelación de la deuda, el intercambio de las deudas y el servicio a la deuda; impuestos sobre la contaminación e impuestos sobre transacciones financieras globales.

• Brindar consideraciones especiales para hacer frente a los desafíos de desarrollo del estatus de los países menos avanzados, los pequeños estados insulares en vías de desarrollo y otros países frágiles y afectados por conflictos, incluido el estado de comercio preferencial para que puedan competir en el mercado global e incrementar los ingresos internos.

• Eliminar las regulaciones comerciales que obligan a los países a reducir los subsidios o incrementar los gravámenes sobre las necesidades básicas tales como los alimentos básicos y la medicina para financiar internamente los esquemas de desarrollo.

• Eliminar las barreras para el acceso de los países en desarrollo a tecnologías importantes y el know-how que están prohibidas en virtud de regulaciones sobre el derecho de la propiedad intelectual; y asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se utilicen para consolidar y fortalecer el control corporativo sobre las capacidades de producción en los países en desarrollo.

• Establecer un mecanismo facilitador de tecnología internacional para coordinar y permitir el desarrollo y la transferencia de tecnologías seguras desde el punto de vista medioambiental hacia los países en desarrollo y sus comunidades; crear la capacidad en los países para coordinar, accesar y asegura que la transferencia de tecnología se base en y resulte apropiada para sus necesidades; e incluir cláusulas para las transferencia de tecnología y la propiedad hacia el país receptor en todo proceso de inversión financiera directa.

Ver en línea : Asia - Pacífico. Declaración de la Sociedad Civil de Bangkok: De lo incluyente a un desarrollo justo

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