Crónicas

Las multinacionales petroleras, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en África

Jueves 7 de marzo de 2013

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Fuente: Pambazuka news.

Autora: Olivia Kokushubila Lwabukuna.

Tema: Les multinationales pétrolières en Afrique.

Palabras claves: Multinacionales petroleras, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en África.

El continente africano ha perdido miles de millones debido a la mala gestión de las transacciones transnacionales. Estas enormes sumas de dinero hubieran podido contribuir ampliamente con el crecimiento de África. Los daños sociales y medio ambientales ocasionados por las actividades de algunas multinacionales en África son la causa de otras preocupaciones. Los acuerdos jurídicos y las regulaciones existentes no están concebidos para imponer obligaciones a las multinacionales, sobre todo después de la firma de los Acuerdos de Inversiones. Los países africanos tratan de ganar terreno, pero las cláusulas contractuales limitan ingeniosamente o minimizan la responsabilidad de estos funcionarios extranjeros. El derecho internacional convencional y el marco de los derechos humanos imponen obligaciones a los Estados, pero durante años, se ha olvidado el papel del sector privado en la protección general de estos derechos. El creciente papel del sector privado en las funciones públicas debido a la privatización, a la globalización económica y la liberalización de los mercados, así como la capacidad del sector privado de contribuir con el desarrollo de África, imponen la revisión de las políticas, de las leyes y de los demás sistemas de reglamentación.

Introducción.

El sector privado es capaz de violar directamente los derechos individuales, entre los derechos amenazados se encuentran el derecho contra la discriminación, el derecho a la libertad, a la integridad física, el derecho de los trabajadores y el derecho a la salud y al medio ambiente. La Comisión sobre las multinacionales reconoció el potencial del sector privado para influir y afectar a los derechos individuales, Por ello, enunció la responsabilidad del sector privado y el papel que éste debe desempeñar en el desarrollo sostenible de la región donde opere.

La consciencia creciente de la responsabilidad social de las multinacionales, acompañadas de iniciativas multilaterales, como la del Representante especial de las Naciones Unidas para las cuestiones de los derechos humanos y de las multinacionales y demás empresas comerciales, pudieran servir como una nueva guía para la responsabilidad de las multinacionales.

En África, los marcos jurídicos y reglamentarios para controlar las responsabilidades del sector privado en su relación con los individuos, todavía no se ha conformado totalmente, por lo que observamos la ausencia de control en la aplicación de las leyes y de los reglamentos. Esto, asociado a una apertura comercial progresiva y a un crecimiento económico no inclusivo, permitió que las corporaciones transnacionales operaran según sus fantasías.

Nigeria es uno de los mayores productores de gas y de petróleo de África y el décimo a nivel mundial. El país luchó contra el lento envenenamiento de las aguas y la destrucción de la vegetación, de la tierra cultivable, como resultado del petróleo derramado durante las operaciones extractivas. Pero después de la aparición de la industria petrolera en Nigeria, hace ya más de 25 años, el gobierno no ha realizado ningún verdadero y efectivo esfuerzo, y ni hablar de los petroleros, en aras de controlar los problemas ambientales asociados a la industria. Las normas y reglamentación nigeriana para la industria petrolera son inadecuadas e incompletas, por lo que la industria privada procede según su conveniencia.

La selección pertinente de las decisiones.

La Shell Nigeria es la mayor compañía petrolera y gasífera en el país. El 12% de su petróleo es nigeriano y la compañía constantemente ha recibido fuertes acusaciones por los daños ambientales provocados por sus actividades y por la violación de los derechos humanos. Muchos han sido los casos presentados ante los tribunales en distintas partes del mundo, con el fin de abordar los problemas sociales, ambientales y de gobernanza derivados de las operaciones de la Shell en Nigeria. Uno de estos casos se presentó en el 2008 ante los tribunales, ante la Corte distrital de La Haya por las quejas de los campesinos nigerianos, quienes reclamaban a la Royal Dutch Shell asumir la responsabilidad por los daños provocados por el escape de sus oleoductos.

El fallo, que sentará precedente para otros tribunales, se dictó el 30 de enero de 2013. La Corte neerlandesa rechazó la mayoría de las acusaciones, pero se pronunció a favor de una de uno de los campesinos, relacionada con un escape cerca del poblado de Ikot Ada Udo. La Corte declaró que la filial local, la Shell Petroleum Development Company de Nigeria era responsable de los daños ocasionados y ordenó su compensación. El veredicto de la Corte neerlandesa a favor del Sr. Akpan puede considerarse como un éxito, que sienta el precedente para que en el futuro se le exija más a las multinacionales en cuanto a los daños medio ambientales y para abrir el camino de otros juicios.

La Shell tendrá que responder ante un tribunal en Gran Bretaña por las acusaciones presentadas por 11 000 miembros de la comunidad Bodo en el delta del Níger, quienes informaron que la compañía era responsable de vertimiento de 500 000 barriles de petróleo en el 2008. La Shell reconoció su responsabilidad en los dos vertimientos, pero considera que las cantidades derramadas son inferiores. El caso pudiera comparecer ante la Alta Corte de Londres el próximo año.

En 2009, la Shell aceptó pagar 15,5 millones de dólares para cerrar un caso de queja colectiva, presentada por la base de US Alien Tort Claims Statute, y en cumplimiento de la queja presentada en 1995 por el autor y militante del Delta de Níger, Ken Saro-Wiwa. Esta disposición de la justicia norteamericana tiene como antecedente diferentes casos relacionados con multinacionales que operan fuera de los Estados Unidos. Estas disposiciones conceden a algunas Cortes Federales la jurisdicción necesaria para juzgar ciertas violaciones del derecho internacional.

África Occidental se expresa.

El 14 de diciembre 2012, la Corte de Justicia de los Estados de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) tomó una decisión innovadora que marcará pauta y podría redimensionar la determinación de las responsabilidades del sector privado en materia de daños económicos, sociales y medioambientales ocasionados por el sector privado en África. Este caso podría potencialmente consignar mayor responsabilidad a los gobiernos implicados para que éstos garanticen la adecuación y aplicación del marco legal actual. Los administradores del socio economic rights and accountablity project (Serap) presentaron una queja en 2009 contra el Presidente de la República Federal de Nigeria, la Nigerian National Petroleum Company, la Shell Petroleum Development Company, Elf Petroleum Nigeria Ltd, Agip Nigeria Plc, Chevron Oil Nigeria Plc y Exxon Mobil.

La queja se basaba en las alegaciones de violación del derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida aceptable (inclusive el acceso al agua potable, a la vivienda, al trabajo, a la instrucción, a la alimentación y a un medio ambiente limpio y salubre), los demandantes, así como la población del delta del Níger exigieron el derecho al desarrollo económico-social. La queja se dirigía también contra el gobierno de Nigeria por haber fallado a su deber de aplicar las leyes y la reglamentación que protegen el medio ambiente y previenen la contaminación.

La acusación decía que el delta del Níger, rico en tierras, agua, bosques y fauna, se ha degradado a consecuencia de los vertimientos de petróleo (provocado por la corrosión de los oleoductos y el vandalismo). Es cierto que el delta estuvo expuesto durante varias décadas a vertimientos de petróleo, los que destruyeron los cultivos, dañaron la calidad y la productividad de los suelos y contaminaron el agua. Se señaló que esos daños pudieron evitarse, o al menos limitarse, pues son resultado del error humano, del mal mantenimiento de las infraestructuras y del vandalismo incontrolado. Se destacó que las multinacionales no respetaron las leyes y las normas gubernamentales relacionadas con la limpieza rápida y eficaz tras un accidente petrolero. Pero donde existen las medidas, éstas son deficientes e inadecuadas. Por otra parte, las multinacionales expresan su responsabilidad social mediante programas de desarrollo comunitario y la compensación individual, o con la construcción de instalaciones de agua, de redes sanitarias, las que son inapropiadas, o montadas en el momento o de muy mala calidad.

Las alegaciones incluyen la sanción de los artículos 1 al 24 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. La actitud del gobierno nigeriano contraviene las disposiciones del artículo 24 que estipula que ¨ todos los pueblos tienen el derecho a un medio ambiente satisfactorio, favorable a su desarrollo ¨. El gobierno quebranta también el artículo 1 que requiere que ¨ todos los Estados miembros de la Organización de la Unión Africana, parte integrante de la Carta, reconocerán los derechos, los deberes y las libertades contentivas en dicha Carta, adoptarán las medidas legislativas y otras en aras de ponerlas en práctica ¨. Al ser miembro de la CEDEAO y parte de la Carta Africana, Nigeria quedaba comprometida con dichos artículos. Las obligaciones que se derivan de los artículos 1ero al 24 de la Carta Africana, consisten en estipular mejor las normas, ofrecer el apoyo estructural y financiero, así como otras medidas, que se imponen a las multinacionales petroleras, en aras de mantener el control con vigilancia, diligencia y responsabilidad ante el vertimiento de petróleo.

Nigeria tiene la responsabilidad de establecer el marco legal regulador y exigir a todos aquellos que provocan el deterioro del medio ambiente y reclamar las reparaciones adecuadas. En cuanto al vertimiento de petróleo, el gobierno nigeriano ha creado los instrumentos necesarios y ha estructurado las agencias de desarrollo, pero todas estas medidas son insuficientes para prevenir la degradación constante del medio ambiente de la región. En ese contexto, la participación de las multinacionales implicadas era inadecuada debido a la no aplicación de la ley por las autoridades competentes. La Corte de la CEDEAO concluyó que ante los constantes fracasos o el no enfrentamiento de las acciones nocivas de las multinacionales que atentan el medio ambiente y violan los derechos humanos, el gobierno de Nigeria sólo agudiza el problema. Por lo tanto, el gobierno nigeriano es responsable de ayudar y estimular las compañías petroleras que cometieron esas violaciones y quebrantan las disposiciones de los artículos 1 y 24 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

Enseñanzas para África.

Este caso representa un intento innovador, para un tribunal regional, de garantizar indirectamente que los asuntos de África se aborden, no sólo con un enfoque económico, sino también en el respeto de la sociedad y del medio ambiente, del desarrollo de las comunidades en las que operan. Teniendo en cuenta la gran cantidad de yacimientos de petróleo y de gas en distintas partes de África, es indispensable que los gobiernos elaboren medidas estrictas y creen agencias protectoras del bienestar de las comunidades en las regiones donde se realicen las extracciones.

La Corte de la CEDEAO tomó una decisión audaz al decidir que cuando los gobiernos no impongan, de conformidad con los códigos internacionales de buenas prácticas en materia de comercio, de derechos humanos y de medio ambiente; entonces ellos serán los responsables de los daños y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Al referirse a los artículos 1 y 24 de la Carta Africana y al extenderlos de manera a que no sólo incluyan las disposiciones estructurales y reguladoras, sino también la prontitud en la conformación de estas disposiciones, la Corte de la CEDEAO atribuye mayor responsabilidad a los gobiernos de los Estados miembros. Éstos tendrán que pedir cuenta a las multinacionales responsables de la prospección en África, cuando el medio ambiente o la sociedad sean dañados.

La decisión en este caso hará cambiar la manera en que se abordará la responsabilidad del sector privado en relación a los ciudadanos individuales. El veredicto sienta un precedente al exigir la responsabilidad de los gobiernos, cuando no cumplan con su deber de reclamar cuentas a quien corresponda.

Conclusión.

África siempre está a la zaga cuando se trata de la gobernanza de sus recursos naturales. Aparecen deficiencias en cuanto hay daños al medio ambiente y a la sociedad, tal y como hemos visto anteriormente. Esta fue también la situación del fracaso del desarrollo humano y del descontento en los sectores mineros. El crecimiento económico gracias a las riquezas mineras, petroleras y gasíferas no se traduce en desarrollo humano, ni en una mejora del nivel de vida de la mayoría de la población africana. Salvo algunos países, la mayoría de las regiones de África, ricas en recursos, se encuentran actualmente atascadas en una pobreza deplorable y en el descontento, a pesar o a causa de su riqueza en recursos naturales. Los gobiernos africanos, responsables de la administración y de la gestión de los recursos no parecen contar con mucha experiencia para negociar los acuerdos y tratados de inversión que salvaguarden su bienestar económico, social y medioambiental. Parece que tampoco tienen la capacidad o la voluntad de aplicar las normas pertinentes. Las consecuencias de tamaña negligencia es la incapacidad de pedir cuentas a los sectores privados en cuestión, cuando las cosas no marchan bien, así como ver cómo se limita la ganancia de la riqueza natural africana para el desarrollo sostenible. En el marco regulador, estructural y político apropiado dirigido al control y vigilancia que impone el sector privado, así como el sector privado responsable en capacidad de cumplir con sus obligaciones sociales, África cuenta con el potencial para realizar el desarrollo humano y económico.

Recomendaciones.

Los países africanos deben invertir aún más en la consolidación de sus negociadores para alcanzar el desempeño necesario para promover sus posiciones en las negociaciones de tratados de inversiones y poder liderar las eventuales querellas. Se deben promover iniciativas como las de Africa Development Bank’s Legal Support Facility, así como las del African Legal Awareness y la de Lawyers for Africa Programmme. Estos programas dotarán a los países africanos de las competencias necesarias para negociar las inversiones y otros tratados bilaterales en igualdad de condiciones con sus interlocutores.

Se requiere también sólidos principios para guiar el proceso que concluya en contratos efectivos en materia de recursos naturales en África. Teniendo en cuenta que los recursos naturales en África están asociados a la tierra en la que viven comunidades africanas, por lo que en cuanto se vayan a concluir los contratos y a distribuir las ganancias de los ingresos petroleros, éstas y la sociedad civil deberían consultarse y estar representadas.

Los países africanos urgen revisar los regímenes legales y la reglamentación relacionada con la administración de las inversiones extranjeras. Se debe conceder atención especial a la industria extractiva, a las cuestiones del medio ambiente, a la gobernanza y a las normas que preceden los acuerdos fiscales y medidas impositivas.

Se debe instaurar un sistema de evaluación y de seguimiento para garantizar que los mecanismos de regulación establecidos se respeten. Donde se observen fallas e irregularidades, se deben tomar urgentemente y con eficiencia las medidas adecuadas previstas en las disposiciones legales y reguladoras. Hay que combatir la impunidad y el nepotismo, tanto a nivel gubernamental como del sector privado. De otra manera, la industria, que podría ser provechosa para el desarrollo sostenible de África, no será más que la continuación del saqueo.

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